En los días transcurridos desde que el gobierno federal envió a cientos de migrantes venezolanos a una prisión de El Salvador, Washington ha estado debatiendo si la Casa Blanca realmente desafió a un juez federal que ordenó que los vuelos de deportación dieran media vuelta y regresaran a Estados Unidos.

Pero más allá de la evidente animadversión del gobierno del presidente Donald Trump hacia el juez y el tribunal, hay cuestiones más básicas que siguen sin resolverse y, en gran medida, sin respuesta: ¿Eran en realidad todos los hombres expulsados a El Salvador miembros de bandas, como afirma Estados Unidos? y ¿cómo llegaron las autoridades a esa determinación sobre cada una de las aproximadamente 200 personas que fueron expulsadas del país incluso cuando un juez federal estaba sopesando su destino?

La Casa Blanca de Trump ha dicho que la mayoría de los migrantes deportados eran miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que, como muchas organizaciones delictivas transnacionales, tiene presencia en Estados Unidos. En medio del número récord de migrantes que llegaban a la frontera sur en los últimos años, la presencia de la banda en algunas ciudades estadounidenses se convirtió en un grito de guerra para Donald Trump mientras hacía campaña para volver a la Casa Blanca, alegando que los migrantes estaban invadiendo el país.

Después de que Trump volvió al poder en enero, el Tren de Aragua siguió siendo un tema de conversación habitual para él y sus asesores de inmigración, y los vuelos de deportación de la semana pasada fueron la medida más significativa del gobierno para cumplir su promesa de perseguir a la banda. Pero los funcionarios han revelado muy poco sobre cómo identificaron a los hombres como miembros de la banda y qué debida diligencia, si la hubo, se les concedió antes de embarcarlos en vuelos con destino a El Salvador, donde el gobierno autoritario, aliado de Trump, ha acordado retener a los presos a cambio de un pago multimillonario.

El lunes, el Departamento de Justicia se negó a responder a las preguntas básicas sobre las deportaciones planteadas por el juez federal de Washington, DC, quien había ordenado que el vuelo de deportación regresara a Estados Unidos. El martes por la tarde, este ordenó al Departamento de Justicia que presentara antes del mediodía del miércoles un expediente sellado en el que se detallaran las horas a las que los aviones habían despegado, abandonado el espacio aéreo estadounidense y finalmente aterrizado en El Salvador.

Más de la mitad de los migrantes deportados durante el fin de semana fueron expulsados utilizando una oscura autoridad conocida como Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que el gobierno de Trump afirma haber invocado para deportar a presuntos miembros de bandas venezolanas mayores de 14 años sin apenas garantías procesales. Esta ley, rara vez invocada, concede al presidente amplia autoridad para expulsar de Estados Unidos a ciudadanos de países extranjeros a los que defina como “enemigos extranjeros”, en casos de guerra o invasión.

En un documento judicial que presentó el lunes por la noche tras la audiencia, Robert Cerna II, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, afirmó que se había investigado y aprobado a cada una de las personas y que esos esfuerzos habían incluido datos de vigilancia, una revisión de las transacciones financieras y entrevistas con víctimas.

Pero la presentación de Cerna planteó una serie de interrogantes, ya que dijo que una base de datos del ICE mostraba que algunos de los enviados a El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros habían sido detenidos y condenados en Estados Unidos “por delitos peligrosos” y que otros tenían condenas fuera del país.

Sin embargo, Cerna también reconoció que “muchos” no tenían antecedentes penales en tribunales estadounidenses, aunque dijo que eso no significaba que “supusieran una amenaza limitada”. Se dijo que otros habían estado cerca de miembros del Tren de Aragua durante redadas de las fuerzas de seguridad en vehículos y residencias cuando fueron detenidos en la operación de captura.

Un coro cada vez mayor de familias, funcionarios electos y abogados especializados en migración han empezado a aparecer en los medios de comunicación para rechazar o poner en duda las acusaciones. Algunos abogados —encargados de buscar frenéticamente a sus clientes en centros de detención de todo el país— creen que sus defendidos han sido señalados simplemente por sus tatuajes. Los abogados de migración de Nueva York consiguieron detener la deportación de al menos un venezolano que, según dijeron, no tenía vínculos con la banda.

Lindsay Toczylowski, abogada del Centro Jurídico de Defensores de los Inmigrantes, dijo que su cliente era un joven profesional de unos 30 años que trabajaba en el sector artístico y que había estado detenido desde que intentó entrar en Estados Unidos el año pasado, cuando solicitó asilo utilizando una aplicación gubernamental en línea, CBP One. Dijo que su cliente había sido objeto de sospechas por sus tatuajes, pero que sus abogados no habían tenido la oportunidad de rebatir los alegatos en una audiencia judicial.

A principios de mes fue trasladado de California a Texas, dijo, y el sábado había desaparecido del localizador de detenidos en línea.

“Nuestro cliente es la prueba de que no actuaron con la debida diligencia para saber a quién enviaban a El Salvador”, dijo, negándose a dar el nombre del joven por temor a su seguridad.

Algunos demócratas no solo han acusado al gobierno de Trump de violar una orden judicial, sino que también han cuestionado a quién envió el gobierno a El Salvador para ser encarcelado.

“El gobierno de Trump está deportando a inmigrantes sin el debido proceso con base únicamente en su nacionalidad”, dijo el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, en un comunicado el lunes. “Los tribunales determinan si las personas han infringido la ley. No un presidente que actúa en solitario”.

Entre las más de 260 personas deportadas a El Salvador durante el fin de semana había 137 expulsadas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. Otros 101 eran venezolanos y fueron expulsados en virtud de los procedimientos normales de inmigración, según funcionarios del gobierno de Trump.

Abogados y expertos jurídicos dijeron que, incluso en condiciones de guerra, los detenidos tienen derecho al debido proceso.

“La Ley de Enemigos Extranjeros prevé expresamente ‘un examen y una audiencia completos’ antes de que los no ciudadanos puedan ser expulsados en virtud de la ley”, dijo en un correo electrónico Stephen Vladeck, profesor de derecho del Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown. “Incluso en plena Segunda Guerra Mundial, los tribunales federales realizaban audiencias para determinar si los supuestos enemigos extranjeros eran, de hecho, ciudadanos de países con los que estábamos en guerra”.

El gobierno de Venezuela ha condenado enérgicamente el traslado de venezolanos a El Salvador y el uso de la autoridad en tiempo de guerra por parte del gobierno de Trump. En un comunicado emitido el domingo, el gobierno de Nicolás Maduro denunció lo que calificó de “amenaza de secuestro” de menores de tan solo 14 años al calificarlos de terroristas, afirmando que son “considerados criminales por el solo hecho de ser venezolanos”.

Mariyin Araujo, de 32 años, dijo que el padre de sus dos hijas, de 2 y 6 años, había huido de Venezuela tras participar en dos manifestaciones contra el gobierno autoritario de Maduro. En la segunda ocasión, él y otros manifestantes fueron capturados y torturados, con descargas eléctricas y asfixia. Se registró a través de la aplicación CBP One en México y fue detenido en San Diego cuando se presentó a su cita, dijo Araujo.

Era jugador y entrenador de fútbol profesional, y tenía un tatuaje en el brazo de una corona encima de un balón de fútbol. Araujo dijo que los funcionarios de inmigración asociaron la corona con la banda venezolana y que ellos habían presentado documentos que demostraban que su exmarido no tenía antecedentes penales, junto con fotografías y cartas de su empleador para demostrar que era un ciudadano respetuoso con la ley. Pero antes de que se decidiera su caso, él la llamó para decirle que lo trasladaban a un centro de detención de Texas.

Ella no sabía dónde estaba hasta que lo reconoció en una foto de las redes sociales, dijo. Estaba sentado en el suelo con la cabeza inclinada hacia abajo, con un uniforme blanco de presidiario, junto con otros detenidos en El Salvador. Intentó ponerse en contacto con los funcionarios de prisiones, pero se enteró de que el centro donde está recluido es conocido por no permitir las llamadas telefónicas ni las visitas familiares.

“Había algo dentro de mí que tenía esperanza de que no fuera él, pero sí era él”, dijo “No es un delincuente”.

Annie Correal y Luis Ferré-Sadurní colaboraron con reportería.

Jazmine Ulloa es reportera de política nacional para el Times y cubre la campaña presidencial de 2024. Tiene su base en Washington. Más de Jazmine Ulloa

Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de la Casa Blanca, cubre al presidente Donald Trump y su gobierno. Más de Zolan Kanno-Youngs