El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció el lunes encarcelar a delincuentes convictos deportados por Estados Unidos, una medida que mereció los elogios del secretario de Estado, Marco Rubio, a pesar de las dudas sobre si es legal o incluso posible hacerlo.

“Hemos ofrecido a Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario”, escribió Bukele en X, afirmando que su gobierno estaba dispuesto a acoger a delincuentes convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses, a cambio de una tarifa. “La tarifa sería relativamente baja para EE. UU. pero significativa para nosotros, haciendo sostenible todo nuestro sistema penitenciario”.

El Salvador fue la segunda escala del primer viaje al extranjero de Rubio como secretario de Estado. Tras reunirse con Bukele el lunes, Rubio dijo que había informado al presidente Donald Trump sobre la oferta, que describió como algo sin precedentes.

Rubio dijo que El Salvador había propuesto encarcelar a los migrantes indocumentados que hubieran sido condenados por delitos y expulsados de Estados Unidos. El secretario dijo que Bukele se había ofrecido a aceptar también a delincuentes convictos que estuvieran cumpliendo condena en Estados Unidos, “aunque fueran ciudadanos estadounidenses o residentes legales”.

El Departamento de Estado añadió posteriormente que Bukele había aceptado acoger a inmigrantes indocumentados de cualquier país, no solo de El Salvador, que hubieran sido condenados por delitos, incluidos miembros de las bandas MS-13 y Tren de Aragua.

A pesar del amplio alcance de la oferta, que Rubio describió como “un acto de extraordinaria amistad”, la deportación de ciudadanos estadounidenses sería contraria a las protecciones que la hacen ilegal, salvo en los casos más raros.

Aunque todavía no se conocen los detalles del plan, es otro ejemplo de cómo el gobierno de Trump está haciendo ver rápidamente a los gobiernos de la región que son aliados o enemigos en función de su voluntad de apoyarle, especialmente en materia de inmigración ilegal, tráfico de fentanilo y restricción de la influencia china.

Bukele llegó al poder en 2019 con la promesa de librar a su país de las drogas y las pandillas, y desde entonces se ha ganado la adulación de toda Latinoamérica por reducir la delincuencia en su país. Al mismo tiempo, ha utilizado poderes de emergencia para ordenar detenciones masivas que, según los críticos, han pisoteado los derechos humanos y el Estado de derecho, atrapando a miles de personas inocentes.

Bukele dijo el lunes que los delincuentes deportados por Estados Unidos irían al Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión construida para albergar a 40.000 personas. Grupos de derechos humanos han documentado un hacinamiento extremo en las prisiones de El Salvador y denuncias de tortura por parte de los guardias.

El Salvador firmó un acuerdo similar en 2019 para recibir a no salvadoreños detenidos en Estados Unidos, conocido como acuerdo de “tercer país seguro”. Ese acuerdo nunca llegó a aplicarse debido a la pandemia de covid. Bukele se refirió a él el lunes, afirmando que su nueva propuesta era “más importante y de un alcance mucho mayor que los acuerdos alcanzados en 2019”.

Michael Crowley y Gabriel Labrador colaboraron con reportería desde San Salvador, El Salvador.