El año pasado, Marine Le Pen habló de manera amenazante sobre las posibles consecuencias de su juicio por malversación de fondos. “Mañana, potencialmente, millones y millones de franceses se verán privados de su candidata a la presidencia”.

Luego de que el lunes un tribunal le prohibiera postularse a cargos públicos durante cinco años, esos millones de votantes franceses están a la deriva y enojados. Francia es una democracia regida por el Estado de derecho, como demostró el veredicto. Pero no está claro hasta qué punto su turbulenta Quinta República podrá resistir un inevitable vendaval de protestas políticas antes de las elecciones de 2027.

A diferencia del presidente Donald Trump, quien enfrentó condenas, imputaciones y casos penales en el camino hacia su elección el año pasado, posiblemente incluso beneficiándose de la percepción de que estaba siendo perseguido, Le Pen no logró encontrar ninguna vía política para sortear el veredicto del sistema judicial francés.

“La independencia de nuestro sistema judicial y la separación de poderes constituyen el núcleo de nuestra democracia”, dijo Valérie Hayer, legisladora centrista del Parlamento Europeo. “Nadie está por encima de la ley”.

Esa postura seguramente enfrentará ataques constantes en un entorno global en el que cuestionar la legitimidad de los sistemas jurídicos se ha hecho frecuente; en toda Europa, pero sobre todo en el Estados Unidos de Trump. Trump ha pedido la destitución de los jueces que fallan contra él y los ha llamado “lunáticos”.

“Cuando la izquierda radical no puede ganar mediante el voto democrático, abusa del sistema legal para encarcelar a sus oponentes”, comentó Elon Musk, el asesor multimillonario de Trump, después del veredicto.

Las sociedades europeas, dada su historia, son sensibles al resurgimiento de los movimientos de extrema derecha. Francia, igual que Alemania, tiene un recuerdo visceral de lo frágiles que son las instituciones democráticas y de cómo, una vez que desaparece el Estado de derecho, se abren las puertas al poder dictatorial.

“Después de Le Pen, el próximo objetivo directo de una gran batalla política va a ser el Estado de derecho”, dijo Alain Duhamel, destacado politólogo. “Habrá acusaciones de que este es un gobierno de jueces, ataques a nuestro más alto tribunal, no solo por parte de Agrupación Nacional, sino de la centro-derecha”, dijo, nombrando al partido de Le Pen.

Sin embargo, añadió, “los magistrados franceses son decididamente independientes”.

Jordan Bardella, el cuidadosamente preparado protegido de Le Pen, declaró que la democracia francesa está muerta, asesinada por el tribunal. No lo está; y a Bardella sin duda le corresponderá la tarea de encabezar el partido antiinmigración en las elecciones, a menos que la apelación de Le Pen anule su inhabilitación a tiempo.

A sus 29 años, Bardella es joven para aspirar al cargo más alto. Sin embargo, ha demostrado un amplio atractivo y un dominio casi imperturbable de los detalles. Queda por ver cómo desvincula sus ambiciones de las de Le Pen. Hasta ahora, han evitado el conflicto.

En toda Europa, la extrema derecha se abalanzó sobre la decisión del tribunal.

Matteo Salvini, vice primer ministro italiano de extrema derecha, dijo que aquellos que “temen al juicio de los votantes” suelen buscar consuelo en la sentencia de los tribunales. Viktor Orbán, primer ministro húngaro, dijo que apoyaba a Le Pen.

En Moscú, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, dijo: “Cada vez más capitales europeas han optado por la violación de las normas democráticas”.

Por supuesto, las críticas a la democracia hechas desde la Rusia del presidente Vladimir Putin difícilmente son persuasivas. Sin embargo, en este caso coinciden significativamente con las del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien en febrero atacó a los estados europeos por intentar sofocar a la extrema derecha en nombre de la salvación de la democracia.

Le Pen, guste o no, podría convertirse en otro elemento del argumento de Vance y Musk sobre el fracaso democrático europeo. Sin embargo, el hecho es que fue condenada, tras una prolongada investigación y con pruebas detalladas, por malversar millones de dólares de fondos de la Unión Europea para pagar a miembros del personal del partido con dinero destinado a ayudantes de legisladores europeos.

Durante la última década, Le Pen dirigió una campaña de “desdemonización”, haciendo que su partido, la Agrupación Nacional, pasara de sus raíces fascistas antisemitas a ser un partido mainstream antiinmigración con más escaños en la Asamblea Nacional que ningún otro.

Ahora podría dirigir el partido para que cause problemas.

La manera más directa sería derrocar al gobierno centrista del primer ministro François Bayrou apoyando una moción de censura este año, diciendo en esencia que sean los franceses quienes juzguen y emitan su veredicto en unas elecciones legislativas.

Un giro importante hacia Agrupación Nacional no abriría el camino para que Le Pen se convirtiera en presidenta, pero sería un mensaje contundente.

Si hay elecciones parlamentarias, que pueden celebrarse después de junio, Le Pen no podría defender su escaño actual, pero nada le impediría convertirse en primera ministra si Agrupación Nacional obtuviera una gran victoria.

“El tribunal demostró su voluntad política, no jurídica, sino política”, dijo Wallerand de Saint-Just, antiguo tesorero del partido, quien también fue condenado.

No es así, dijeron multitud de políticos centristas que han dejado claro su orgullo por el sistema jurídico francés mientras Trump ataca a un poder judicial estadounidense supuestamente “convertido en arma”.

“Madame Le Pen, ya sea electa o candidata, es una ciudadana francesa”, dijo Sacha Houlié, legislador de centro-izquierda. “Se aplica la ley de la República”.

Roger Cohen es el jefe del buró en París del Times, que cubre Francia y más allá. Ha informado sobre las guerras en el Líbano, Bosnia y Ucrania, y entre Israel y Gaza, en más de cuatro décadas como periodista. En el Times ha sido corresponsal, editor extranjero y columnista. Más de Roger Cohen