El gobierno de Donald Trump está otorgando a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el poder de deportar rápidamente a los migrantes a quienes se permitió entrar temporalmente en el país en virtud de los programas de la era Joe Biden, según un memorando interno del gobierno obtenido por The New York Times.

El memorando, firmado el jueves por la noche por el jefe en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, ofrece a los funcionarios del ICE una hoja de ruta sobre cómo utilizar poderes de amplia gama que durante mucho tiempo estuvieron reservados solo a los encuentros en la frontera sur para expulsar rápidamente a los migrantes. También parece otorgar a los funcionarios la capacidad de expulsar a los migrantes en dos importantes programas de la era Biden que han permitido la entrada temporal en el país de más de un millón de personas.

Esos programas —una aplicación llamada CBP One que los migrantes podían utilizar para intentar concertar citas para entrar a Estados Unidos, y una iniciativa que permitía la entrada de ciertos migrantes que huían de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití— fueron pilares fundamentales de los esfuerzos del gobierno de Biden para desalentar las entradas ilegales permitiendo ciertas vías legales. A los defensores de los migrantes también les preocupaba que el memorando pudiera aplicarse a los migrantes afganos y ucranianos traídos a Estados Unidos en virtud de programas distintos.

La decisión indica que el presidente Trump intentará utilizar todas las facetas del aparato de control de la migración para acabar con un sistema del que ha dicho durante mucho tiempo que se ha abusado, y que tiene la intención de dirigirse no solo a quienes cruzaron furtivamente la frontera, sino incluso a quienes siguieron vías previamente autorizadas para entrar.

También es seguro que suscitará temores entre una gran clase de migrantes, muchos de los cuales habían huido de condiciones desesperadas, creían que estaban en Estados Unidos legalmente y podrían tener miedo de regresar a sus países de origen, a menudo peligrosos.

Los dos programas emblemáticos del expresidente Joe Biden habían sido muy criticados por los republicanos, incluidos funcionarios del gobierno de Trump, por considerarlos una forma de facilitar la migración ilegal bajo la apariencia de un programa gubernamental. A los migrantes se les concedió una ayuda para permanecer en el país durante un máximo de dos años bajo un estatus legal temporal conocido como “libertad condicional”. El memorando parece permitir su deportación, independientemente de si han llegado al final de ese estatus legal o aún les queda tiempo.

En total, alrededor de 1,4 millones de migrantes entraron en el país a través de los dos programas desde principios de 2023.

Un alto funcionario de Seguridad Nacional, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el esfuerzo se basaba en la creencia de Trump de que los programas de migración de Biden nunca fueron legales y que los migrantes que se encontraban ilegalmente en el país debían ser expulsados rápidamente.

Stephen Miller, jefe adjunto de personal de la Casa Blanca y artífice de las políticas de migración de línea dura de Trump, ha dejado claro que se oponía a ambos programas.

“He aquí una idea: no envíes por avión a millones de extranjeros ilegales procedentes de estados fallidos a miles de kilómetros de distancia a pequeñas ciudades del corazón de Estados Unidos”, dijo Miller en las redes sociales en septiembre.

La noticia del memorando fue recibida con críticas inmediatas por parte de defensores de los migrantes y antiguos funcionarios de Biden.

“Además de plantear graves problemas jurídicos, someter a un proceso de deportación expedita a personas que han seguido las normas es una traición escandalosa y sin precedentes”, dijo Tom Jawetz, abogado del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Biden.

Karen Tumlin, directora del Centro de Acción por la Justicia, un grupo de defensa de los migrantes, dijo que la decisión era un error. Dijo que creía que el memorando también podría permitir a los funcionarios del ICE intentar deportar a migrantes de Afganistán y Ucrania.

“Las comunidades estadounidenses han abierto sus corazones y sus hogares a personas de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Afganistán y Ucrania”, dijo. “Castigar a personas que hicieron todo lo que el gobierno les pidió, y muchas de las cuales tenían patrocinadores establecidos en Estados Unidos, a este procedimiento de deportación expedita es espantoso”.

Trump ordenó el lunes a la agencia que cerrara los programas de la era Biden. Ese mismo día, Benjamine Huffman, secretario de Seguridad Nacional en funciones, emitió otro memorando en el que ordenaba la eliminación progresiva de todos esos programas. El martes, el gobierno amplió los poderes de deportación.

El jueves, Huffman proporcionó indicaciones adicionales a la agencia sobre las dos decisiones clave y cómo interactúan entre sí.

En el memorando, ordena a los funcionarios del ICE que analicen a los migrantes de los que la agencia “tiene conocimiento” que pueden ser deportados en virtud de las nuevas deportaciones rápidas, que eluden los tribunales de migración, y que consideren si deben ser expulsados del país. El memorando sugiere que los funcionarios den prioridad a los migrantes que lleven en el país más de un año, pero que no hayan solicitado asilo.

Como parte de ello, el memorando dice que los funcionarios pueden, si es necesario, decidir pasar a la libertad condicional, una forma de estatus legal temporal. Los migrantes acogidos a los dos programas de la era Biden —así como a otras iniciativas que afectan a afganos y ucranianos— se encuentran en el país bajo esa forma específica de estatus temporal.

Si los migrantes ya se encuentran en el proceso formal de deportación —que puede durar años—, los funcionarios del ICE pueden dar por terminado su caso y colocarlos en el programa de deportación acelerada.

El memorando también otorga a los funcionarios del ICE la capacidad de seleccionar a quienes hayan estado en el país en virtud de un programa temporal, pero hayan permanecido más de dos años, para someterlos a un procedimiento formal de deportación.

La Unión Americana de Libertades Civiles ya ha impugnado ante un tribunal federal de Washington las facultades de deportación expedita. La demanda, presentada el miércoles, argumenta que la decisión viola la ley federal.

“El gobierno de Trump quiere utilizar esta política ilegal para alimentar su programa de deportaciones masivas y destrozar comunidades”, dijo en un comunicado Anand Balakrishnan, abogado de la ACLU. “Ampliar la expulsión acelerada daría a Trump un mecanismo para eludir el debido proceso y la Constitución, y estamos de nuevo aquí para luchar contra ello”.

Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y la políticas migratorias. Más de Hamed Aleaziz